Los integrantes del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Argentina, del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que suscriben la presente, manifiestan su repudio hacia los hechos denunciados recientemente como ocurridos en la Unidad N° 32 de Florencio Varela, en perjuicio de Maximiliano Darío Osores Zapata, quien habría sido colgado de un techo para ser golpeado por penitenciarios en su espalda, piernas y brazos.Las terribles imágenes del joven atado de sus muñecas sin poder tocar el suelo y con su cuerpo enrojecido por los golpes fueron difundidas por distintos medios gráficos y habrían sido enviadas anónimamente a la hermana del mismo, quien presentó un habeas corpus ante la justicia de ejecución penal de San Martín.
En la imagen difundida se puede apreciar el horror de una práctica sistemática en las cárceles de nuestro país: la tortura de personas a cargo de integrantes de fuerzas de seguridad (tanto de servicios penitenciarios como de fuerzas policiales) cuya responsabilidad es el cuidado y guarda de las mismas.
Este hecho se suma a las terribles imágenes video grabadas en la Comisaría de General Guemes, en la provincia de Salta, mientras se torturaba mediante asfixia y con agua a dos detenidos, a las que una
interna policial tornó públicas y tantos otros casos que suceden a diario en las cárceles del país, que no cuentan con tan claras evidencias ni difusión pero que quienes trabajamos en el ámbito carcelario conocemos muy bien.
El “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” es un instrumento que permitirá mejorar la visibilización de estos casos y esclarecerlos, al permitir el monitoreo de los lugares de detención,
democratizando los espacios de encierro y respetando los Derechos Humanos de quienes se encuentran privados de su libertad.
Este monitoreo autónomo en modo alguno suplirá el que compete a los magistrados y funcionarios judiciales y que hoy, ni en el ámbito nacional, ni en los ámbitos provinciales se denota eficaz para prevenir la reiteración de estas prácticas.
Cumpliendo los compromisos asumidos al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, nuestro país avanzará en la senda que permita desterrar los interrogatorios efectuados mediante la aplicación de tormentos y asegurando detenciones que respeten la integridad y la dignidad de las personas.
El Mecanismo Nacional de Prevención, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y a los mecanismos locales ya existentes y que se creen en el futuro, efectuando visitas de inspección, recopilando y sistematizando en el Registro Nacional de casos de Tortura la información obtenida, elaborando estándares de actuación, contribuirá a una más eficaz prevención de la tortura.
La investigación de los casos de tortura que sabidamente ocurren cotidianamente entre nosotros, no puede librarse a las azarosas internas policiales que originan la divulgación de pruebas fehacientes como las aquí mencionadas, ni apoyarse en las delaciones o denuncias anónimas.
El Mecanismo Nacional de Prevención, obligado a garantizar la confidencialidad a los denunciantes que no den su consentimiento a la divulgación de su identidad (conf. el art. 47 del proyecto de ley), lo que se debe tener en cuenta, sólo en la medida de lo posible cuando corresponde radicar denuncias penales, deberá instar todas las acciones judiciales tendientes a salvaguardar la integridad de los denunciantes y víctimas, aún en los casos en los que no cuente con su consentimiento (conf. arts. 45 y 46). Esta apropiada regulación permitirá que se investiguen todos los hechos constatados garantizando la integridad de los denunciantes, sin recurrir a las inmorales delaciones o denuncias anónimas, hoy propiciadas desde el Estado nacional, que no permiten garantizar el derecho a la defensa de controvertir la prueba de cargo. Si ello logra ser acompañado por investigaciones rápidas e imparciales, habremos cumplido nuestras obligaciones en esta delicada cuestión.
Es por ello que solicitamos al Senado de la Nación el urgente tratamiento y aprobación del proyecto de creación de este instrumento para que sea la autoridad democrática la que investigue y sancione los tormentos que, aún hoy,suceden en nuestro país.
ADHIEREN:
- Leonardo Fortuna, Grupo Amplio Salvatablas.
- Centro de Orientación para Familiares de detenidos.
- Alberto Vicente Florio, Educador en Contextos de encierro.
- Asociación Civil para la Comunicación y los Derechos Humanos.
ADHIEREN:
- Leonardo Fortuna, Grupo Amplio Salvatablas.
- Centro de Orientación para Familiares de detenidos.
- Alberto Vicente Florio, Educador en Contextos de encierro.
- Asociación Civil para la Comunicación y los Derechos Humanos.
- La Jaula - Festival de Cine sobre la temática del Encierro y los Derechos
Humanos - (2007-2011).
